- No tiene ningún sentido adentrarse en preciosismos jurídicos sobre el valor probatorio de una grabación obtenida sin consentimiento o la protección que confiere el secreto profesional. El debate de la validez o admisibilidad de los medios de prueba no corre en la corte de la opinión pública. Tampoco importa que el ofensor haya sido, como dice, víctima de una “maniobra siniestra” para perjudicarlo.
- En el caso del abogado Hermosilla el audio habla por sí mismo, su contenido es explícito e inapelable; no hay atenuantes ni explicaciones. Para defender a sus clientes ha tomado la decisión de coimear a funcionarios del Comité del Mercado Financiero y del Servicio de Impuestos Internos para que le proporcionen información reservada sobre como ambas instituciones públicas enfrentarán sus acciones judiciales contra sus representados.
- Necesita saberlo todo, antes de que los documentos sean presentados a los tribunales por las instituciones públicas, enterarse de los errores que puedan contener, de las pruebas que poseen y de las estrategias. Y eso, dice, se consigue con plata porque así funciona el sistema. Hay que pagar a los funcionarios corruptos que lo están ayudando.
- Esta plenamente consciente de que lo que está haciendo es un delito y así lo manifiesta, pero no hay otro camino para salvar a sus clientes. No se trata de una “idea". El “mecanismo” corrupto ya esta en plena ejecución y se han pagado coimas millonarias, pero insuficientes. Además, a los funcionarios sobornados se le adeudan pagos comprometidos por servicios ya prestados y hay que ponerse al día. Necesita más plata. Cien millones de pesos es la cantidad que garantiza la impunidad.
- Esta dispuesto a ofrecer lo que sea para que los funcionarios hagan todo lo que se les pida, que estén deseosos de entregar información. Un cañonazo, como los que pagan los narcos que son tan contundentes que son irresistibles.
- La operación requiere máxima reserva. Solo él manejará los hilos y las platas las pondrá el señor Sauer. Es demasiado riesgoso hacer una “vaquita” entre todos los imputados y afectados que serían “más de trescientos” porque se puede filtrar lo que están haciendo.
- Del contacto con los funcionarios, la fijación de montos y pagos se ocupará la abogada Leonarda Villalobos a quien Hermosilla califica como una “psicópata bien orientada” capaz de hacer bien la pega y obtener resultados. Ella tiene contactos en el SII, fue subsecretaria de educación en el segundo gobierno de Bachelet. Su padre fue fiscalizador del SII.
-El abogado Hermosilla al parecer se equivocó al juzgar a la abogada Villalobos. Todo indica que la “psicótica bien orientada” estaba trabajando para el “enemigo” y que fue ella la que grabó la reunión. Esa debe ser la “conspiración siniestra” que denunció Hermosilla. Lo primero que se escucha es cuando toca el timbre de la oficina de Hermosilla e ingresa preguntando si están todos, de lo que se puede colegir que empezó a grabar antes de entrar. Ahora sabemos que lo hizo como parte de un acuerdo de “colaboración eficaz” con la fiscalía que hace rato investiga el caso. Tal vez ella entregó la grabación a CIPER o se filtró desde el Ministerio Público, lo que no sería raro. Jamás lo sabremos.
- Pase lo que pase en el ámbito judicial para el Abogado Luis Hermosilla hay un antes y un después. Su prestigio se derrumbó y con ello el aura de hombre poderoso e infalible que había logrado construir. Ninguna sentencia eventual, ni siquiera la absolución (improbable) podrá revertir el desastre que para él significa el audio filtrado. Es su voz, son sus palabras. Esta con las manos en la masa.
- Luis Hermosilla ingresó al “Dicom Social”; opera igual que el de los bancos en el ámbito financiero, pero a diferencia de aquél, no se elimina después de cinco años. Es un estigma, una especie de exclusión, de ostracismo derivada de la pérdida de la confianza que es fundamental en las relaciones humanas, en la credibilidad como persona proba. Pérdida de confianza que trae aparejada la destrucción reputacional con todas sus consecuencias en el ámbito profesional y social. La elite económica y social, que es el ambiente natural donde Hermosilla se desenvuelve, es la más castigadora. Mantendrán las formas, pero lo pensarán dos veces antes de contratar sus servicios o aparecer ante un tribunal en su compañía.
- Más allá del drama personal hay que considerar el perjuicio a la fe pública y las instituciones. Actuaciones como estas reafirman la convicción de la mayoría de la ciudadanía de que el Estado es totalmente corrupto. Y no podría ser de otra manera cuando el actor, que afirma que con plata se arregla todo, es un famoso abogado de la plaza, con vastos contactos políticos transversales, que ha representado al gobierno y a la oposición. Un personaje al que todas las puertas se le abrían automáticamente (como las de los malls), conocedor de todos los intersticios del poder.
- Me pregunto cuál es el impulso que lleva a un profesional exitoso, prestigioso, poderoso y acaudalado a arriesgarlo todo. Será el deseo de ser siempre un “winner” o tal vez un sentimiento de total impunidad. ¡Lo hago porque puedo! ¿Habrá recurrido antes a las coimas en su dilatada carrera o es la primera vez?
- Ahora bien, convengamos que el abogado Hermosilla no es el primero ni será el último en contemplar el soborno de un funcionario público. Incluso él mismo se refiere a la existencia de un “tarifado” en los servicios, que en este caso él quiere superar para garantizar lealtad y eficacia. De lo que se desprende que esto es una costumbre arraigada y no un caso aislado. Tampoco tenemos razones para presumir que la corrupción está limitada a la CMF y al SII.
- Entonces estaríamos ante un problema sistémico que se extiende por todo el aparato del Estado. Incluyo también al escándalo de las fundaciones que implican una forma de soborno de los encargados de asignar los recursos, de saltarse las reglas, obtener privilegios, hacerse de algo a lo que no tienen derecho. A la obtención de permisos truchos de construcción donde no corresponde como en Con Con y Reñaca, al Cefam de Las Condes, la Clínica Sierra Bella en Santiago, la defraudación en Vitacura y el mal uso de los fondos reservados en el ejercito y carabineros.
- La delincuencia hace rato que ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de los chilenos y de ella se suele culpa, en mayor o menor medida a la inmigración. Pero permanecía el mito de un Estado probo que nos diferenciaba del resto del continente. El del funcionario público insobornable, donde la gran fuente de la corrupción estaba radicada en las municipalidades.
- Pero el caso Hermosilla deja al descubierto que el mal ha penetrado las instituciones más importantes de la república alcanzando al mismísimo Servicio de Impuestos Internos y a la recién creada Comisión Para El Mercado Financiero (CMF). Y no por culpa de los inmigrantes.